¿Salud pública o economía?

La incertidumbre sobre que opción tomar, ante vientos turbulentos.

En los últimos días, hemos asistido a la gran e histórica dualidad de elegir, por parte de los gobiernos de países afectados con el COVID-19, entre la salud publica o la economía. Aspecto que quizá nunca había sido considerado fuera de extremistas escenarios académicos, en donde se discutían cual, de estos dos, es más importante en momentos de crisis.

El Artículo 49, de la Constitución Política Colombiana manifiesta que: “La atención de la salud es un servicio público a cargo del Estado” y le corresponde a este ultimo velar por la salud publica de todos los connacionales. En consecuencia, el mismo deberá agotar todas las instancias posibles en búsqueda de evitar la perdida de la salud de los colombianos. En tal virtud, surge el siguiente interrogante; ¿Hasta donde se puede interpretar la obligación del Estado en búsqueda de ese bienestar, en el entendido que los recursos son finitos?

En ese sentido, si la prioridad es la salud publica, las finanzas del país se ven seriamente afectadas ante el afán de asegurar la salud, y el Estado no puede hacer un gasto permanente sin identificar una fuente sostenible en el tiempo, ya que se generarían enfermedades económicas en todo el andamiaje y dinámica del país. Por ejemplo, esta crisis obliga al Estado a incrementar su gasto publico, aumentando la participación de este en el PIB, lo que eleva el riesgo de default o impagos de las ya existentes deudas contraídas por el Estado, alejando de paso la inversión extranjera. Además, el recaudo de impuestos será menor, al igual que los ingresos de Ecopetrol por la caída en el precio del crudo, y el desempleo, quien pasará en las próximas semanas su factura por la medida de aislamiento obligatorio implementada.

Si por el contrario se prioriza le economía, en el entendido de que miles de personas dependen del ingreso diario para alimentar sus familias, de salvaguardar los empleos y todo el dinamismo empresarial e industrial y de no imponer medidas sociales de aislamiento, evidentemente la propagación de la enfermedad sería exponencial, llevando al colapso del sistema sanitario del país y en consecuencia, miles de muertos, a menos que el Estado garantice al pie de la letra la carta magna y habilite todo el andamiaje sanitario para prestar los servicios de salud requeridos. Pero como bien sabemos, si ningún país desarrollado lo pudo conseguir, nosotros no seremos los primeros.

Evidentemente ambos extremos son aterradores, una imperativa contraposición entre una sociedad enferma y muriendo, pero produciendo, o una sana con un Estado subsidiario y paternalista quebrado. Lo que nos lleva a plantear la tesis de reunir ambas ópticas y promulgar la salud publica con economía, en donde el mejor termómetro es la información diaria de la situación que permita apuntar a dianas con certeza y oportunidad.

Pero mientras eso sucede, esperemos que se sigan tomando medidas asertivas y que tanto la salud y la economía no se desafíen en oposición. Esta situación pone de frente al gobierno nacional a un inminente cambio de la regla fiscal para poder planear este turbulento panorama. Probablemente la salida a todo este hueco fiscal que se generará para vigencias futuras será a través de una monumental, inusitada y necesaria reforma tributaria el próximo año. Como quien dice, sino nos mata la enfermedad, nos matará la cura.